09 Abr El dinero de los fondos jubilatorios pertenece a los y las trabajadoras
El Proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y su Consejo Asesor es, quizás, el primer desafío que se presenta ante los/as trabajadores/as de cara al nuevo gobierno que asumirá en agosto próximo.
Como es casi habitual el gobierno saliente de Horacio Cartes dispone de estos últimos meses de mandato para hacer el trabajo sucio y dejar el camino allanado a su sucesor, Abdo Benítez, para continuar con los ajustes de corte neoliberal en nuestro país. Como Federico Franco abrió la canilla para la emisión de bonos, que luego continuó Cartes, endeudando al país por más de 30 años, hoy es HC y su mayoría parlamentaria quien prepara la ruta para el saqueo de los fondos previsionales.
De convertirse en ley este proyecto todas las cajas de jubilaciones y pensiones pasarán a estar bajo control del Poder Ejecutivo, dejando de lado a los aportantes directos, es decir, los trabajadores/as no tendrán control respecto al uso del dinero que mensualmente se descuenta de su salario. La Superintendencia y su Consejo Asesor, podrán disponer sin mayores trámites de los fondos jubilatorios de las diferentes cajas. En este aspecto el IPS es la gallina de los huevos de oro. Según establece la ley, los fondos podrán usarse para comprar, por ejemplo, bonos del tesoro iniciando una calesita financiera que puede acabar en el vaciamiento absoluto de los fondos jubilatorios poniendo en riesgo el futuro de miles de aportantes e incluso de futuras generaciones de aportantes.
Por otra parte, el Consejo y la Superintendencia tendrán la potestad de establecer beneficios y obligaciones a los afiliados a cada ente previsional. Volviendo al caso de IPS, esta ley estaría abriendo el camino para aplicar las modificaciones que Benigno López, actual presidente del IPS y hermano de Mario Abdo Benítez, viene reclamando desde hace tiempo, es decir, aumento de la edad jubilatoria, aumento del aporte del trabajador, fin del modelo de reparto solidario. Estas modificaciones acabarían afectando a miles de trabajadoras y trabajadores paraguayos que deberán trabajar más años para obtener pensiones cada vez más bajas.
El gobierno que se va, al igual que el que viene, está conducido fundamentalmente por “empresarios”, por patrones, que como es normal defienden los intereses de su clase, les interesa poco y nada el futuro y el presente de la clase obrera, lo que pretenden con esta ley es apropiarse de los fondos jubilatorios del IPS para su acostumbrada timba financiera, con la que pretenden llenarse los bolsillos dejando en la quiebra a los trabajadores. Esto ya ocurrió con el Banco Nacional de Trabajadores, donde se dieron préstamos a “empresarios” que terminaron huyendo con la plata de los trabajadores y quebrando el único banco obrero del país. Está pasando, ilegalmente, hoy con los préstamos de IPS a multinacionales como TIGO o Bancos que no tenemos certeza alguna de que vayan a retornar estos fondos.
Es innegable la necesidad de reformas que tiene el sistema de jubilaciones y pensiones en Paraguay, particularmente el IPS, sin embargo esas reformas deberían apuntar en otro sentido. Ampliar la base de contribuyentes al sistema, es decir evitar que las patronales sigan evadiendo el seguro social obligatorio debe ser un primer paso, esto aportaría mucho a la sanidad económica de ente. Dentro del sector prensa por ejemplo decenas de patronales evaden el seguro social del IPS, haciendo trabajar en el régimen de “factura”, privando además de otros beneficios sociales y derechos laborales a los trabajadores.
Oponerse al uso de los fondos jubilatorios y a las reformas contrarias a los intereses obreros que se pretende realizar con la Ley de Superintendencia, es una tarea vital para las organizaciones sindicales y para las trabajadoras y trabajadores en general. En esa disputa se juega nuestro futuro, la posibilidad de tener una vejez digna, con acceso a una pensión adecuada y atención eficiente en salud o pasar más años trabajando para acabar con pensiones de hambre y atenciones cada vez más deficitarias.
Como sindicato de trabajadores y trabajadoras manifestamos nuestro rechazo y nos unimos a otros gremios a la exigencia de dejar de lado este proyecto de ley inconstitucional y antipopular.
La Comisión Directiva.
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