El abogado Jorge Giucich (izq.) junto al Dr. Amado Gill Pessagno. La falta de transparencia seguirá en el IPS porque ambos responden a intereses del senador Carlos Filizzola.

Las autoridades del consejo de administración del Instituto de Previsión Social, nombrados por el actual gobierno "participativo" de Fernando Lugo, también niega datos a los asegurados del ente de seguro sobre patronales morosas. El Sindicato de Periodistas del Paraguay solicitó al ex titular del IPS, Dr. Amado Gill Pessagno, informaciones sobre las empresas periodísticas sobre número de trabajadores inscriptos y nivel de cumplimiento del seguro social obligatorio.

Gill Pessagno se había negado a entregar datos de las patronales, tal como lo hicieron los ex jerarcas del IPS durante los anteriores gobiernos colorados. Los actuales administradores del ente de seguro también se basan en el artículo 85 Decreto Ley 1.869/50, aprobado por Ley 375/56.

La Ley determina: "El Instituto no podrá divulgar ni suministrar, salvo por orden judicial, los datos referentes a asegurados y empleadores que conozca en virtud de sus funciones, pero podrá publicar cualquier información estadística o de otra índole que no se refiera a ningún asegurado o empleador en especial".

Desconocen Constitución y Ley de Contraloría

El IPS continúa siendo la entidad del Estado, que maneja exclusivamente dinero de los asegurados y de las empresas aportantes, menos transparentes del Paraguay. El caso de la falta de entrega de datos de patronales es solo la punta del témpano de este problema, pues ni la prensa nacional ni los sufridos aportantes tampoco pueden acceder a informaciones del área financiera y administrativa, tal como determina el artículo 28 de la Constitución Nacional sobre el derecho a informarse, que dice: “las fuentes públicas de información son libres para todos....”.

La administración de Gill Pessagno ha violado abiertamente este precepto constitucional. El artículo 85 Decreto Ley 1.869/50 quedó derogado con la Carta Magna de 1992, por lo que la negación de datos de las patronales morosas es un grave atentado contra los derechos humanos de los asegurados, ya que es vital para los trabajadores conocer si sus patrones han aportado o no como determina las leyes.

Lo grave del asunto es que el Instituto no solo niega datos de patronales y de otras áreas, como informes de expedientes de la Dirección Jurídica, a los asegurados, sino a la Contraloría General de la República.

La Ley 276/94, carta orgánica de la Contraloría, determina que “la persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes. Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos, no obstarán para que se proporcione la información y los antecedentes requeridos para el ejercicio de la fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto”.

Sin cambios en el IPS

Las instituciones del Estado no pueden ocultar datos a la Contraloría, pero el ex titular del IPS, ingeniero Pedro Ferreira, había ocultado datos de las patronales morosas no solo al ente de control, sino a la Cámara de Diputados. El contralor Octavio Airaldi tuvo que recurrir al Poder Judicial para zanjar el problema. Amado Gill actuó de la misma manera que su antecesor, según nota 5729 del 6 de noviembre de 2008 en el que Airaldi le reclama datos del aporte obrero-patronal de empresa de limpieza Mimbi SRL, cuya gerente es Amalia González Arias.

Gil Pessagno también había negado datos de esta empresa en base a la vieja ley del IPS, pero el contralor le advirtió que esta ley no está vigente para la Contraloría, según determina la Constitución y la Ley 276/94.

La Comisión Directiva del SPP está analizando las posibles acciones a realizar con relación a la falta de transparencia del manejo de cuentas de las patronales. Una de las líneas de acción que iniciará dentro del plan por un “trabajo digno”, que se lanzará el próximo mes, es la presentación de “habeas data” en el Poder Judicial.

El caso es que en la administración del Instituto no hubo cambio con la asunción del abogado Jorge Giucich, quien reemplazó a Gill Pessagno el 18 de agosto de 2009. El nuevo titular del ente previsional fue elegido con el mismo criterio y por una sola razón: IPS es el botín político del senador Carlos Filizzola.